¿Qué es la Ley de Transparencia?

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece las obligaciones de publicidad activa de las administraciones y organismos públicos, y reconoce el derecho de cualquier persona a acceder a la información en poder de la Administración del Estado.

Esta norma persigue tres grandes objetivos: incrementar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información, y establecer obligaciones de buen gobierno para los responsables públicos.

¿A quién se aplica?

La ley se aplica a un amplio abanico de entidades, entre las que se incluyen:

  • La Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales
  • Organismos autónomos, agencias y entidades públicas empresariales
  • Órganos constitucionales (Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, etc.) en el ámbito de su actividad administrativa
  • Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que reciban financiación pública
  • Fundaciones y asociaciones con mayoría de participación pública

Publicidad activa: lo que la Administración debe publicar

La ley obliga a las administraciones a publicar de forma proactiva —sin necesidad de solicitud— información relevante sobre su actividad. Esta información debe estar disponible en el Portal de Transparencia y debe incluir:

  • Estructura organizativa, funciones y normativa aplicable
  • Planes y programas anuales con objetivos y grado de cumplimiento
  • Presupuestos y su ejecución
  • Contratos, convenios y subvenciones concedidas
  • Retribuciones de los altos cargos
  • Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidades

El derecho de acceso a la información pública

Cualquier persona, independientemente de su nacionalidad y sin necesidad de justificar la solicitud, puede pedir acceso a información concreta en poder de la Administración. El derecho abarca tanto documentos como registros, datos y cualquier otro soporte en que se encuentre la información.

¿Qué información puede denegarse?

Existen límites al derecho de acceso. La solicitud puede ser denegada o restringida cuando pueda afectar a:

  • La seguridad nacional o la defensa
  • La investigación o sanción de infracciones penales o administrativas
  • El secreto profesional y la propiedad intelectual
  • La protección de datos personales de terceros
  • La confidencialidad comercial o industrial

Cómo solicitar información: guía práctica

  1. Identifica el organismo responsable de la información que buscas.
  2. Accede al Portal de Transparencia (transparencia.gob.es) o a los portales autonómicos correspondientes.
  3. Presenta tu solicitud indicando la información requerida de forma clara y concreta. No es necesario motivarla.
  4. Espera la resolución. La Administración tiene un plazo máximo de 1 mes para responder (ampliable a 2 meses por la complejidad o volumen de la solicitud).
  5. En caso de denegación, puedes presentar reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de forma gratuita y sin necesidad de abogado.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Es el organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Resuelve las reclamaciones presentadas por ciudadanos cuando la Administración deniega o no responde a sus solicitudes de información. Sus resoluciones son vinculantes para la Administración, aunque pueden ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Transparencia en comunidades autónomas

La mayoría de las comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes de transparencia, que en muchos casos amplían las obligaciones establecidas por la norma estatal. Si la información que buscas corresponde a una administración autonómica o local, consulta el portal de transparencia específico de esa comunidad.